Ramón Danzós Palomino
Ya siendo secretario general de la Central Campesina Independiente, el 13 de octubre de 1964, una vez más fui sometido a prisión en la cárcel de San Juan de Dios, de la ciudad de Puebla, junto con muchos estudiantes, obreros, campesinos y personas de otros sectores del estado de Puebla y de Tlaxcala. Se me consignó y se me siguió también proceso judicial, por todos los delitos que le dieron consigna al Ministerio Público me atribuyera, vaciados del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. Esta represión política y encarcelamiento del que una vez más se me hizo víctima, se originó en la lucha que promovieron inicialmente los pequeños productores de leche, agrupados en la Unión de Pequeños Productores de Leche de los Estados de Puebla y Tlaxcala, que después se extendió a otros importantes sectores provocándose grandes movilizaciones de masas de casi toda la población de Puebla, a tal grado y magnitud que se logró la caída o destitución del gobernador del estado, en aquel entonces, gral. Antonio Nava Castillo. Creo que es necesario e interesante conocer un poco a fondo las causas esenciales que dieron lugar al desarrollo de estos acontecimientos de Puebla en ese año de 1964, para ver con más claridad y comprensión el grado de torpeza, la magnitud de la soberbia, del despotismo, la arbitrariedad que padecemos en México, desde el presidente de la República hasta gobernadores y presidentes municipales, abarcando todo el engranaje gubernamental, por el solo afán, la sola ambición, desesperada a veces, de acumular la mayor riqueza posible, los mayores beneficios personales o familiares, las más altas cuentas bancarias, a la sombra del poder público, adquiera en el período que les toca gobernar a base de la corrupción administrativa, que en ello va también la defensa de los intereses de la gran burguesía.
Veamos: en aquel año e 1964, el gobernador del Estado de Puebla, envió a la Cámara Local de Diputados un decreto sobre la obligatoriedad de pasteurización de la leche. Decreto que fue desde luego aprobado, porque para eso están los señores diputados, para levantar la mano a la orden de arriba. Así quedó promulgado el decreto que obligaba en el estado de Puebla a pasteurizar la leche que la población consumía. Visto así en lo general, escuetamente el problema, este decreto no tenía nada de malo, se trataba de una medida de sanidad; higienizar la leche. Nada más noble y atinado. ¿Dónde estaba el problema, en qué consistía la dificultad y por qué se creó una situación de tan significativas proporciones? El problema de fondo y grave contra la mayoría de la población poblana y de Tlaxcala consistía en que, basados en este decreto de pasteurización aparentemente bueno, tras bambalinas se ocultaba la maniobra, tras la ley se ocultaba el negocio, el trafique, el fraude contra el pueblo y en beneficio para unos cuantos vividores en el poder. Ya con el decreto, la Planta Pasteurizadora, el negocio, lo iban a instalar, a financiar, a administrar y a beneficiarse de él, un hermano del gobernador Nava Castillo, un senador, creo que Cué Merlo y desde luego también el señor gobernador, obteniendo pingües ganancias a la sombra de una noble medida de sanidad. ¿Por qué y cómo sucedería esto? Nos podemos preguntar. El hecho es que en el estado de Puebla y Tlaxcala los pequeños productores de leche, ejidatarios y auténticos pequeños propietarios, vendían este producto, llamado leche bronca o de bote, a razón de un peso 40 centavos el libro para el consumo de una población numerosa de cerca de un millón de habitantes entre las ciudades de Puebla, Tlaxcala y un gran número de poblaciones importantes y que hervida era consumida, aunque no con todas las medidas de higienización moderna. Al obligar a los lecheros a entregar su producto a la Planta Pasteurizadora, de estos señores negociantes, el precio que se les pagaría iba a ser menor que el que obtenían vendiendo la leche directamente al público, de $1.25 a $1.30, que eran los precios establecidos para la entrega de la leche a las plantas. Como consecuencia de esto resultaban perjudicados los pequeños productores de leche, se mermaban considerablemente sus ya reducidos ingresos.
Por otra parte, a la población consumidora de este artículo de primera necesidad, le llegaría el litro de leche ya pasteurizada a razón de $2.00 y $2.20 que también era el precio de venta establecido en esos días. Por consiguiente resultaba gravemente perjudicada también la mayoría de la población y sobre todo la de más escasos recursos o ingresos, que son los trabajadores, los obreros, los campesinos, los burócratas y los grandes sectores populares. Como se ve la cosa era sencilla. Los únicos beneficiados, enriquecidos, con esta leyecita de sanidad, con esta "preocupación" del señor gobernador por la "salud" del pueblo, serían el grupito de familiares y allegados del gobernador, los politiqueros del régimen, de la "familia revolucionaria". Echarles abajo el teatrito, el negocito era un crimen. Ese fue mi "crimen". Ante esta situación los campesinos lecheros y su Unión buscaron, como era natural, la forma de oponerse, de enfrentarse a esta medida, más bien maniobra, del gobierno. Como eran miembros o estaban afiliados a la CNC o a la FROC, es lo mismo, recurrieron a ellas en demanda de ayuda u orientación. ¿Podían o pueden los líderes de estas organizaciones oponerse a una disposición o decreto del señor gobernador, por más turbios que sean los propósitos, como en este caso? Claro que no se pueden oponer, si más que líderes, son empleados. Así llegaron con nosotros, a las oficinas de la Federación de la CCI en Puebla y rápida e incondicionalmente se les dio el apoyo que demandaban y se les brindó la solidaridad que necesitaban. Lo hicimos porque consideramos que su lucha era justa en contra de la maniobra del gobierno del estado y con quien a nosotros no nos liga ningún compromiso ni político ni económico. La unión de lecheros.
El Comité Ejecutivo de la Federación, llevó a los directivos de la Unión de Lecheros y una comisión a nuestras oficinas de la CCI en la ciudad de México, para buscar conjuntamente la forma de encauzar la solidaridad y dar la pelea en las mejores condiciones. Llevaban un proyecto de amparo contra el Decreto de Pasteurización, formulado por algún o algunos abogados chanchulleros de esos que abundan, y les hicimos ver que posiblemente no prosperaría el amparo contra una medida de sanidad, como jurídicamente se demostraría. Les planteamos que debería encauzarse, plantearse, una lucha política para defender sus intereses económicos y los del pueblo en general, recomendándoles que era necesario, primero, que recogieran el mayor número de firmas entre la población de apoyo a los lecheros y en contra del decreto, por el momento, explicando y convenciendo sobre las razones que les asistían. Para ello debían de apoyarse en distintas organizaciones: en la CCI, en el FEP, en el MNL, en los estudiantes y maestros, en pequeños comerciantes, en choferes, etc. Así se hizo y en pocos días se recogieron miles de firmas y entonces sugerimos que se organizara un acto público, un mitin, en la ciudad de Puebla. Este se convocó y preparó el día 13 de octubre de 1964 (era martes) Como ha sido norma de conducta nuestra, al frente de organizaciones de masas, no oponernos nada más por la oposición a una medida gubernamental, sino estudiar, profundizar en el problema en cuestión y buscar y proponer las soluciones adecuadas y de beneficio a la colectividad. ¿Cuál sería esta solución adecuada y qué deberíamos proponer? En reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y con experiencia ante casos semejantes en Sonora, se acordó que yo participara en este mitin en la ciudad de Puebla y que después de desenmascarar la maniobra del gobierno con vistas a mantener una situación de lucha, se propusiera que en ese mismo acto y previo acuerdo con los lecheros y la Federación, se nombrara una comisión de lecheros y de otros sectores que quisieran participar, para gestionar una entrevista con el gobernador, Gral. Antonio Nava Castillo. De llevarse a cabo esta entrevista, se debía plantear al gobernador, que no nos oponíamos al decreto y que apoyados en él proponíamos que la Planta Pasteurizadora se estableciera y funcionara pero como una empresa propiedad de los pequeños productores de leche, organizando o constituyéndose una Sociedad Cooperativa o una Sociedad Anónima. Los socios principales de esta Empresa Cooperativa o Sociedad Anónima serían los lecheros de la Unión, desde luego, pero también podrían serlo personas u organizaciones de otros sectores, con el propósito de darle un carácter popular a esta empresa y de beneficio colectivo y no privado. Soberbia oficial.
¿Trató el gobierno del Estado Federal de escuchar siquiera lo que se diría en este acto público, al que teníamos todo el derecho de realizar? ¿Se dejó plantear las proposiciones antes mencionadas para tratar de buscar una solución adecuada? No, no quiso el gobierno escuchar. Nada le importaba. La soberbia y el despotismo gubernamental es lo único que debe imperar; el respeto al estúpido principio de autoridad es lo único que importa. Lo único que importa e interesa son los negocios, las ganancias, los beneficios personales del gobernante, de sus familiares y amigos. Sólo ellos son dueños de la verdad, de la razón y de la ley. Los problemas del pueblo, su miseria, sus inquietudes y la agitación comunista, no son ninguna razón, no son ninguna verdad, no se apoyan en ninguna ley; para ellos hay que usar la macana, las bayonetas, la cárcel o la tumba. Así, desde el anuncio de la preparación del mitin, el gobierno del estado y el gobierno federal, como siempre, empezaron a concentrar la mayor parte de la policía estatal y el gobierno federal envió numeroso contingente de la policía judicial y la Federal de Seguridad en auxilio, como previamente teníamos conocimiento. Concentrado este enorme aparato represivo para cuidar los negocitos del señor gobernador, al llegar nosotros a la plaza donde estaba anunciado el mitin y los contingentes que en él participarían, entre cinco y ocho mil gentes, hombres y mujeres, fuimos recibidos nosotros y el pueblo de la manera más brutal y violenta por las fuerzas policiacas. A macanazos, culatazos y golpes agredían a la gente y detenían y encarcelaban a todo el que podían agarrar, yo fui uno de los primeros que se llevó a prisión y así fueron cayendo muchos estudiantes, campesinos, obreros y gente de otros sectores. Los participantes en este frustrado mitin, a pesar de ir inermes, buscaron la forma de responder, con natural indignación, a esta brutal y salvaje agresión del gobierno y de su aparato represivo, los polizontes, que no salieron tan bien librados que digamos. Fueron saliendo poco a poco todos los detenidos y sólo quedamos en prisión el compañero Bruno Martínez, Secretario General de la Federación de la CCI en Puebla, y yo, a quienes se nos consignó y siguió proceso, por los delitos que se les ocurrió inventarnos, como ya dijimos. Pero el problema no terminó con esto, como el gobierno pretendía, al contrario, se agudizó, creció en cantidad y en calidad el coraje y la combatividad de casi todo el pueblo, de la ciudad y del campo. En casi un mes de lucha constante, las movilizaciones, manifestaciones, mítines, huelgas, como la de la Universidad, aumentaban de 30 a 50 mil personas de distintas organizaciones o participando en lo individual, en contra del gobierno y pidiéndose ya la caída, la destitución, del gobernador. Ya no era sólo el problema de la leche, el de nuestra libertad, sino que se sumaban una seria de problemas más, impuestos, abusos, arbitrariedades, que mantenían indignada a la población y se movilizaban y luchaban contra el gobierno. Encontró la población una canalización a todo el descontento acumulado, en esta lucha inicialmente promovida por los lecheros y nosotros. La Universidad Autónoma de Puebla, fue grosera y arbitrariamente agredida por el gobierno y sus polizontes, por la participación de importantes contingentes estudiantiles universitarios desde el inicio de esta lucha. En estas condiciones la Universidad declaró una huelga general, aumentó la participación de los estudiantes en la lucha contra el gobierno, y prácticamente se convirtió en el centro de la lucha y las movilizaciones. Los bomberos para apagar incendios, las motocicletas y otros vehículos que se utilizaban para la agresión a los estudiantes, a los campesinos y al pueblo en general, les fueron arrebatados e incendiados, en las calles de la ciudad de Puebla. El gobierno federal, en contubernio con el gobierno del estado, furioso por la pérdida de un magnífico negocio para la burguesía, trató de aplastar el movimiento y dispuso la entrada y ocupación de la ciudad de Puebla, por las fuerzas militares. La prensa ataca.
La prensa local y nacional, salvo algunas excepciones, desató una furibunda campaña contra esta lucha y contra todo el movimiento, mezclándola con el rabioso anticomunismo gubernamental y de las fuerzas reaccionarias de Puebla. Aparte del sinnúmero de artículos, reportajes, editoriales insidiosos y perversos, todos los días aparecían desplegados del gobernador, de los diputados, de otros funcionarios de la iniciativa privada (los negociantes) y desde luego de los líderes charros de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), de la Confederación Nacional Campesina (CNC), etc., de apoyo al gobierno y condenando la lucha del pueblo y la agitación comunista, como siempre. Pero el nivel de lucha y de combatividad de las masas no bajó un solo momento, a pesar de toda esta propaganda demagógica gubernamental, de la reacción y de los líderes, y de las represiones policiacas y de intimidación que tampoco cesaron; el entusiasmo y el coraje de la gente se mantenía y aumentaba consideradamente. Lo que bajaba era el prestigio y la autoridad del gobierno; iban quedando por los suelos la demagogia y el anticomunismo gubernamental y de las fuerzas reaccionarias. Ante tal situación cayó el gobernador del estado, Gral. Antonio Nava Castillo, se le obligó a solicitar un permiso indefinido y asumió la gubernatura del estado el Ing. Aarón Merino Fernández y que poco después sin que ya se le pidiera derogo el Decreto de Pasteurización de la leche. Poco después obtuve mi libertad por desistimiento de los delitos que se atribuían injusta, arbitraria e ilegalmente. En Atlixco, Puebla. 1973
La cárcel de la ciudad de Atlixco, estado de Puebla, es actualmente el lugar de mi confinamiento, desde el 25 de julio de 1973. El gobierno persiste en su política reaccionaria de mantenerme en prisión a como dé lugar y en ejercer contra mí y las organizaciones que represento la más arbitraria represión política y la violencia oficializada. Como los problemas del campo se agudizan, crecen y también persisten, las grandes masas de la población rural van adquiriendo cada vez mayor conciencia de que sólo la lucha organizada, revolucionaria e independiente les dará la fuerza necesaria para imponer la razón y la justicia, entendida ésta como el derecho de tener cada quien lo que le pertenece, y por ello se levantan en importantes y combativas luchas de masas cada vez más numerosas y conscientes y en alianza con otras fuerzas revolucionarias y democráticas; obreros, estudiantes, maestros, etc. Por otro lado, la política antiagraria y anticampesina del gobierno se canaliza a la defensa de los intereses que representa, los de la gran burguesía agraria y la oligarquía financiera; a garantizar, conservar y extender, en forma reaccionaria, la gran propiedad privada de la tierra agrícola, ganadera y forestal, en manos de unos cuantos. Así se organizó y realizó la marcha agraria de Puebla y Tlaxcala hacia la ciudad de México, que partió simultáneamente el día 10 de abril de 1972, como verdadero homenaje a Emiliano Zapata, en el LIII aniversario de su asesinato, y también de protesta por la negativa política agraria del gobierno. Esta marcha agraria fue reprimida por el gobierno, fue detenida, a mitad del camino, por el ejército con un contingente de más de 600 soldados y oficiales, perfectamente equipados para una campaña militar. (Como no era una manifestación de apoyo al señor Presidente, de respaldo a la política del gobierno, sino en contra, esta marcha no podía continuar, había que reprimirla). Después de esta marcha, se llevaron a cabo una serie de tomas u ocupaciones de tierras por los propios campesinos, quienes cansados de años de luchas, gestiones, papeleos y engaños de parte del gobierno, Departamento Agrario y Presidente de la República, no tenían otra solución, mayormente cuando muchos de estos grupos campesinos tenían resoluciones presidenciales de dotación agraria que no se ejecutaban o entregaban las tierras que les correspondían. La Central Campesina Independiente (CCI) consciente del papel y la responsabilidad que tiene que jugar en las luchas agrarias y sindicales de los obreros agrícolas, en un Pleno Nacional del Consejo Central y del Comité Ejecutivo Nacional, realizado en mayo de 1973, tomó la determinación de organizar y realizar una Jornada Nacional de Lucha por la Tierra, del 20 al 26 de julio de ese mismo año. En varios estados de la República se realizaron importantes movilizaciones a raíz de esta iniciativa del Pleno Nacional de la CCI; los campesinos, por su propia cuenta ocuparon más de 70 grandes propiedades en todo el país; la mayor parte con la participación y dirección de elementos de la CCI. ...En los últimos tres años ha habido más de 500 ocupaciones de tierras. Secuestro Oficial.
Dentro de estas circunstancias y en el proceso de la Jornada Agraria de 1973, acordada por el Pleno de la CCI, fui arrestado en mi domicilio, en la ciudad de México, el día 23 de julio de ese año, con todo lujo de fuerza por agentes de la Procuraduría General de la República, que en gran número y armados con metralletas y bombas de gases lacrimógenos me obligaron a salir. Me trasladaron a la cárcel de la ciudad de Atlixco, estado de Puebla, donde me tenían incluido en un proceso por los delitos de "despojo" y "apología o provocación de un delito", que lo confeccionaron con motivo de un intento de toma de tierras por unos campesinos el día 2 de noviembre de 1972. No conforme el gobierno con revivir este viejo proceso, inventó como siempre, otro más. Utilizó a líderes y campesinos engañados de la CNC, a quienes indujo a un simulacro de invasión de tierras, el día 25 de julio de 1973, estando ya detenido y encarcelado, y haciéndoles declarar que yo les había aconsejado que invadieran las tierras; así también hicieron presentar la acusación de despojo al propietario de los terrenos de la supuesta invasión, un individuo origen italiano apellidado Stiavoni (¿?). A un grupo de estos campesinos los encarcelaron por uno o dos días, para darle color a la maniobra leguleya y fueron puestos en libertad por gestiones e intervención de los líderes y abogados de la CNC, quedando así cubierto el expediente "jurídico" para ejercer en mi contra la represión política y manejar, el gobierno, el descarado argumento de que soy un preso común. El Juez de "Defensa Social", que así se les llama en Puebla, del Distrito Judicial de Atlixco, que lleva la causa de los dos procesos descritos, fijó una fianza de 100 mil pesos (ocho mil dólares) para obtener mi libertad bajo caución (50 mil por cada proceso). Por presiones y gestiones de los abogados defensores se logró la acumulación en un solo proceso y se redujo la fianza a 50 mil pesos (cuatro mil dólares). En campaña pública la CCI, el PCM y otras organizaciones solidarias reunieron la cantidad señalada como fianza y fue depositada en efectivo ante el Juez de Atlixco. Pero este funcionario judicial y de "defensa social", al mismo tiempo que con una mano entregaba al alcaide de la cárcel de Atlixco la boleta de mi libertad por la fianza otorgada, con la otra mano le entregaba una orden de aprehensión, por exhorto, del también Juez de Defensa Social del Distrito de Tecamachalco, del mismo estado de Puebla, donde se me había abierto otro proceso penal por los delitos de "despojo" y "allanamiento de morada", pretextando una ocupación de tierras propiedad de un señor Pujol Mainou. Por este tercer proceso el Juez de Techamachalco obrando, más que con criterio o derecho jurídico, con criterio político o consigna, que es como actúan por lo regular los jueces en estos casos, que no son más que simples y vulgares instrumentos del poder ejecutivo, fijó arbitrariamente otra fianza de 50 mil pesos, argumentando sólo mi peligrosidad por ser dirigente o Secretario General de la CCI. De esta manera el gobierno, con la mayor facilidad y descaro, puede estar inventando, configurando y abriendo cuantos procesos le dé la gana para mantenerme en prisión, según ellos como preso común, pero en realidad ejerciendo, contra mí, la más brutal y arbitraria represión política. La verdadera razón, el motivo real de este encarcelamiento, igual que todos los anteriores, no son por causa de delitos comunes. Esto es falso, los verdaderos motivos son clara y estrictamente políticos y se originan en la defensa absoluta de intereses de clase. Se deben a que tengo la representación y responsabilidad de una organización verdaderamente independiente, como la CCI, para encauzar y dirigir la lucha y defensa de los pobres y explotados del campo, por la tierra para el que la trabaja y carece de ella, por la organización sindical de los obreros agrícolas. Se debe a que el gobierno no puede manipular a su antojo o a su capricho a la auténtica Central Campesina Independiente ni a sus dirigentes, entre los cuales me encuentro y nos oponemos y denunciamos el funesto paternalismo gubernamental que ejerce el gobierno sobre la mayoría de las organizaciones obreras, campesinas y de burócratas, auxiliado eficazmente por el charrismo sindical y agrario. Se debe a la militancia en el Partido Comunista Mexicano. No podrá evitar las movilizaciones y la solidaridad que se han venido levantando por la libertad de los presos políticos, entre los cuales está la mía, como la marcha de Puebla a Atlixco del 5 de febrero de 1974, con un contingente de cerca de 10 mil personas, que tuvo una gran importancia política, pese al despliegue de fuerzas militares y policiacas para reprimirla, para detenerla en la salida de la ciudad de Puebla.
El 19 de noviembre de 1974 Ramón Danzós Palomino fue liberado después de haber pagado la fianza fijada por el juez de la causa.
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