Fuerzas distantes, propósitos comunes: la Autonomía Por F. Humberto Sotelo Mendoza
omo es del conocimiento público, en la década de los treinta del siglo pasado los regímenes emanados de la Revolución mexicana se proponen emprender una reforma educativa que correspondiese a las transformaciones que estaban implantando en los diversos órdenes de la sociedad. Vicente Lombardo Toledano señalaba al respecto: "Había necesidad de añadir al nuevo concepto de la soberanía nacional, a la reforma del régimen de la tenencia de la tierra y a la reforma social que reconocía los derechos de la clase obrera, otra reforma, la reforma educativa. Sin ella, las ideas conservadoras minarían los cimientos del nuevo orden que estaba levantándose" 1 En efecto, las fuerzas y grupos que encabezaban el nuevo bloque en el poder consideraron que se tornaba necesario llevar la Revolución al "terreno de las conciencias", hecho que difícilmente podía lograrse sin poner en marcha una vasta y profunda reforma educativa que debía abarcar desde la educación primaria hasta educación superior 2. Tal reforma tuvo una de sus principales expresiones en el proyecto de "educación socialista" que se impulsaba desde el gobierno (aunque tal proyecto se aprobó en 1934, se anunció desde 1933, durante los debates que realizó en Querétaro el Partido Nacional Revolucionario para elaborar el Plan Sexenal). Fue así como en el interior de algunas de las principales universidades mexicanas la Universidad Nacional, la Universidad de Guadalajara, etc.se libró una intensa batalla ideológico-política entre los grupos de universitarios que respaldaban el proyecto educativo del régimen y entre quienes se oponían a él. Empero también concitó la participación de otras fuerzas sociales de la sociedad mexicana quienes, concientes de que el destino de la universidad estaba inextricablemente vinculado a su proyecto de nación, decidieron intervenir en la disputa de referencia enarbolando sus propias banderas. Tal como escribe Victoria Lerner: "no sólo los círculos de derecha , (sino) también las fuerzas de izquierda trataban de usar a la universidad y de hacerla virar de rumbo" 3. Los sectores que simpatizaban con el proyecto educativo del régimen partían de la siguiente premisa: el Estado surgido de la Revolución Mexicana es un Estado eminentemente popular, quasi socialista. En consecuencia, se requiere impulsar una enseñanza universitaria que coadyuve a los proyectos del régimen. "Tenemos escribía Lombardo Toledano que contribuir a que la Universidad se socialice. ¿De qué manera? ¿Por qué medios? Por los únicos medios posibles dentro de la Universidad: en el terreno científico, orientando a la cátedra hacia una finalidad humana; sirviéndole al país, investigando qué es su territorio, investigando qué es su población, investigando qué fueron sus instituciones; trabajando para la formación de programas de gobierno desde el punto de vista impersonal (sic)..."4.
Por su parte los grupos que se oponían a la aplicación del proyecto de "educación socialista" en las universidades sostenían que éstas, en tanto instituciones dedicadas a la trasmisión del saber y la cultura, no podían enarbolar una postura filosófica o científica oficial. En esta postura convergían los núcleos más avanzados de la derecha encabezados por Manuel Gómez Morín, Fernando Ocaraza, etc., y algunos sectores y personalidades de pensamiento liberal que habían tenido una participación destacada en la lucha que llevó a la conquista de la autonomía de la Universidad Nacional en 1929, Antonio Caso, Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela, etcétera. Fue Manuel Gómez Morín el principal "padre fundador" del Partido Accion Nacional (PAN)quien sin duda planteó tal problemática en términos más elaborados. "...Puede aceptarse escribióque por razón de Estado se suprima la Universidad. Lo que no puede tolerarse... es que se diga que la Universidad ha de aceptar por decreto una postura filosófica, científica o social de cualquier clase. En numerosos casos históricos la razón de Estado ha prevalecido sobre la razón; mas la experiencia uniforme demuestra que a pesar de la clausura o por encima de la Universidad desfigurada, el pensamiento ha seguido cumpliendo su ley vital de crítica y de renovación hasta lograr de nuevo que la razón impere sobre la razón de Estado." Y agregaba: "La universidad tiene y quiere un fin muy claro y muy definido, ese sí exclusivo y único: es un fin de servicio a la comunidad. Está ligada con las más limpias y elevadas aspiraciones de íntegro mejoramiento humano (...) Pero precisamente para cumplir ese fin exclusivo, la Universidad está en el deber de conservarse como un campo libre, abierto a la discusión (...) Aun en el caso de que todos los que formen la Universidad en un momento dado, acepten como cierto un sistema doctrinal cualquiera, la Universidad no puede cerrar sus puertas a la consideración posible de otros sistemas que rectifiquen el uniformemente aceptado" 5. Como puede verse, se trataba de visiones diametralmente opuestas acerca de la universidad. La distancia de los años nos permite ahora reconocer que las fuerzas que se oponían al proyecto de educación socialista enarbolaban planteamientos más avanzados si es que no más visionarios que los que sostenían los grupos y fuerzas que simpatizaban con los proyectos gubernamentales. Mientras que aquéllas defendían la libertad de cátedra, la autodeterminación de los universitarios en lo que se refiere a la vida interna de sus instituciones, y la negativa rotunda a establecer una "filosofía oficial", los segundos se limitaban, reiteramos, a sostener que las universidades debían hacer suyos los proyectos del régimen, por encarnar éste las aspiraciones de la Revolución de 1910.
Después de todo un cúmulo de movilizaciones, huelgas y otras actividades de protestas a lo largo y ancho del paíslos universitarios que impugnaban la reforma educativa obligaron al gobierno a dar marcha atrás. Aunque aquellos no lograron impedir que se transformara el artículo tercero y se impusiera la "educación socialista"en las primarias y secundarias del país, sí lograron evitar que no prosperara el afán del régimen de imponer tal proyecto en la enseñanza universitaria. La derrota inflingida al gobierno propició que en octubre de 1933 el presidente Abelardo Rodríguez tomara la decisión de enviar al Congreso de la Unión un proyecto encaminado a concederle a la Universidad Nacional una "plena autonomía", que en realidad no implicaba otra cosa que desatenderse de la misma. De este modo, se donaron diez millones de pesos a la institución como último subsidio, buscando que muriera de inanición. La Universidad Nacional, como era de esperar, no pudo resistir la asfixia financiera, viéndose ante la necesidad de pactar con el gobierno la creación de una nueva ley orgánica en 1944, en la cual se impuso la figura de una Junta de Gobierno que en los hechos propició su sujeción a los dictados del régimen 6. Limitaciones de espacio nos impiden seguir comentando las vicisitudes que siguieron a continuación. Sólo procederemos a señalar que las fuerzas que derrotaron el proyecto de educación socialista decidieron continuar impulsando la bandera de la autonomía, objetivo que si bien no cristalizó a mediano plazo, sí logró que décadas después fuese asumida por no pocas de las principales instituciones de educación superior del país, entre ellas la Universidad de Puebla. 1
Toledano Lombardo, Vicente, Idealismo Vs. Materialismo Dialéctico, Universidad
Obrera de México, 1963, pág. 15.
El movimiento por la autonomía en la Universidad de Puebla
l 23 de abril de 1937 el gobernador Maximino Ávila Camacho tomó la determinación de transformar el antiguo Colegio del Estado que había surgido en 1825 en Universidad de Puebla, pero en términos estrictos tal medida no constituyó sino un mero cambio de nombre, ya que no fue acompañada por los proyectos y trabajos necesarios que exigía dicha transformación. Tal como escribió Manuel Lara y Parra, rector de la universidad (1963-1965), "era demasiado simplista el cambio de nombre sin cambio académico. Esto significaba el desconocimiento absoluto del significado de Universidad... Para la transformación no hubo un estudio previo que la fundamentara" 7. Sin embargo la iniciativa de referencia fue algo más que un capricho personal de Maximino Ávila Camacho: tras la misma subyacía el interés de responder, como escribe Adrían Acosta Silva, "a las necesidad de las elites económicas y políticas de poder locales de contar con un espacio institucional adecuado y legítimo para su propia reproducción" 8. Durante esa primera etapa la naciente Universidad no logró, empero, sustraerse al dominio del enclave de poder que dominó a Puebla durante casi cuatro décadas: esto es el cacicazgo de la familia Ávila Camacho, el cual sometió a la institución a sus designios. Las autoridades estatales ponían y quitaban a sus rectores de acuerdo a sus antojos. Tan sólo entre 1947 y 1956 la universidad tuvo diez rectores, todos ellos impuestos por los gobernadores en turno9. A excepción del periodo rectoral de Horacio Labastida Muñoz (1947-1951), la vida académica y cultural de la institución estaba inmersa en un ambiente de mediocridad y de atraso, y en un ambiente cortesano en el que predominaban las loas y las "caravanas" al gobierno (esta atmósfera está muy bien retratada en el libro de relatos de Gastón García Cantú, Los Falsos Rumores 10). Con el paso de los años, lejos de disminuir el control del gobierno sobre la institución, éste se exacerbó. En 1952, el entonces gobernador Rafael Ávila Camacho intentó militarizarla, lo cual desencadenó una amplio movimiento de rechazo por parte de los universitarios. Después, en 1956, el mismo mandatario intentó desmembrar la preparatoria de la institución, hecho que también provocó todo un cúmulo de acciones de protesta, obligando al gobierno a dar marcha atrás poco después. Tales movimientos contribuyeron de manera decisiva a despertar entre los universitarios el anhelo de la autonomía: pensaban que esa era la única forma de terminar de una vez por todas con la descarada intervención del gobierno en su vida interna. Por lo demás, los vientos de tal aspiración soplaban por todo el país, resultado incuestionable de los movimientos suscitados unas décadas atrás en la UNAM y en diversas universidades de provincia en particular la Universidad de Guadalajaraen contra del proyecto de educación socialista. En el periódico Umbral, órgano de la Federación Estudiantil Poblana (FEP), en su edición del 10 de septiembre de 1956, se describía en términos muy precisos la aspiración de referencia: "Año con año el anhelo por la autonomía universitaria ha ido creciendo; algunas generaciones pasadas se lanzaron a la lucha por adquirirla; sin embargo, hasta ahora este sentido unánime de los universitarios conscientes ha sido defraudado". Y se subrayaba que la FEP estaba dispuesta a impulsar un fuerte movimiento orientado a hacer realidad ese viejo anhelo 11.
Sin embargo, en realidad no fue preciso desplegar un "fuerte movimiento" para conseguir la autonomía de la Universidad de Puebla: las condiciones ya estaban dadas, tanto por el ánimo que imperaba entre los universitarios como por la disposición del gobierno a concederla. En lo que se refiere al primer punto, en efecto no había un solo sector o grupo de la comunidad que se opusiese a tal demanda. En palabras de David Bravo Cid de León en aquel entonces estudiante de ingeniería "toda la familia universitaria compartía el anhelo de la autonomía universitaria, sin distinción de ideologías....Todos los universitarios ya estaban hartos de la ingerencia del gobierno en la vida de la institución, por lo cual no titubearon en abrazar el ideal de la autonomía" 12. Aunque habría que tomar cum grano salis estas palabras, porque por esos años ya había indicios o conatos de división entre las corrientes liberales y las conservadoras (es de recordar a este respecto que en 1954 estas últimas habían expulsado de la universidad a los miembros del Partido Comunista que tuvieron una participación destacada en el rechazo al proyecto de militarización de la universidad a que hicimos referencia en líneas anteriores). Habría que tomar en cuenta, asimismo, que en abril de 1955 surgió el Frente Universitario Anticomunista (FUA), organismo que desde entonces se dio a la tarea de combatir con vehemencia a las fuerzas democráticas y de izquierda). Lo cierto es, en efecto, que por esos años la comunidad universitaria aún continuaba siendo una "familia" 13, toda la cual se volcó, reiteramos, a favor de la autonomía. Desde luego había diferentes concepciones, diversas interpretaciones y matices acerca de la misma más adelante abordaremos esta cuestión, pero en efecto fue la comunidad universitaria quien se volcó a favor de dicha bandera.
En cuanto al segundo punto, esto es la disposición del gobierno, ya es del dominio público que el entonces jefe del ejecutivo, Rafael Ávila Camacho, no opuso resistencia alguna al otorgamiento de la autonomía. Desde luego no se trató de un "regalo" como suele sostener una visión simplificadora del proceso que condujo a la misma del gobernador a la comunidad universitaria, sino más bien se trató de una estrategia destinada a librar al gobierno del "dolor de cabeza" que le habían generado en esos años las tensiones con la universidad referente a los conflictos que desataron los proyectos de arrebatarle las preparatorias y el intento de militarizarlalo cual propició que Rafael Ávila Camacho llegara a la conclusión de que la mejor vía para librarse de los problemas con los universitarios era concediéndole la autonomía a la máxima casa de estudios del estado. Ya han corrido ríos de tinta acerca del proceso que llevó a la Universidad de Puebla a la conquista de su autonomía en 1956, por lo cual pareciera innecesario si es que no estéril agregar otra página más al análisis o al estudio de dicho proceso. Lo que hace falta, pensamos, es cuestionar algunos lugares comunes acerca de dicho proceso, los cuales oscurecen o empañan la complejidad y riqueza que le caracterizó. Así, por ejemplo, se dice con frecuencia que la conquista de la autonomía fue principalmente un logro de las fuerzas liberales y de izquierda que actuaban en la Universidad, aserto que es muy controvertible: en primer término porque, reiteramos, tal bandera fue enarbolada por la mayoría de los universitarios, sin distingo de corrientes. Cierto: tales fuerzas desempeñaron un papel fundamental, tanto en lo que se refiere a la elaboración de los documentos en los que se plasmó dicha demanda, como en lo que respecta a la cristalización de la misma. Sin embargo, generalmente se pasan por alto las aportaciones que hicieron los grupos de derecha en particular el citado FUAal proceso que condujo a la autonomía de la Universidad de Puebla. Éstos desplegaron una fuerte campaña tendiente a alertar a los universitarios acerca del peligro que podía representar la concesión de una autonomía limitada o restringida, tal como había sucedido en el proyecto de ley orgánica de la unam de 1944. La derecha conocía muy bien esta problemática debido a las luchas libradas por los grupos conservadores en décadas anteriores. Como señalamos en las líneas precedentes, esta expresión política había protagonizado no pocos de los principales capítulos de los movimientos en pro de la autonomía (con el afán, reitero, de sustraer a las universidades de la influencia del régimen). De ahí que no es de ningún modo casual que impulsara planteamientos más avanzados o complejos que los que enarbolaron los sectores liberales. Estos, a decir verdad, no conocían a fondo los laberintos de dicha problemática, por lo cual, a la hora de presentar un anteproyecto acerca de la autonomía, cayeron en el error de proponer la creación de una Junta de Gobierno, desconociendo el peligro que representaba un organismo semejante, el cual como lo advertían los grupos de derechapodía convertirse en una "cabeza de playa" para la intervención del gobierno en la vida interna de la Universidad.
En la exposición de motivos del anteproyecto de nueva Ley Orgánica que presentó la FEP ante el Consejo Universitario, en la sesión del 14 de agosto de 1956, el presidente de dicha organización, Francisco Arellano Ocampo, señaló que: "con el objeto de lograr la integración armónica y equilibrada de los distintos organismos universitarios de esta institución, se establece una JUNTA DE GOBIERNO, el H. Consejo Universitario, el C. Rector, el Patronato, los directores de las facultades, escuelas y centros de Extensión Universitaria y las honorables academias de profesores". Y Agregó que "la Junta de Gobierno, integrada por personas de reconocida capacidad y honorabilidad, y desvinculados de la administración pública, tiene como facultades: nombrar al C. Rector, conocer de su renuncia y removerlo por causa grave; resolver en definitiva cuando la votación del H. Consejo resulte empatada, y solucionar los conflictos que surjan entre las autoridades universitarias" 14. Como puede verse, la propuesta de la FEP convertía a la Junta de Gobierno en una instancia superior al Consejo Universitario 15. En esa misma sesión, para sorpresa de no pocos miembros del consejo, el rector Rafael Artasánchez anunció: "Hay otro proyecto de nueva Ley Orgánica...Pido que se le dé lectura haciéndolo (sic) el señor Aquiles Serdán, consejero alumno por la escuela de Ingeniería Civil". Se trataba de un proyecto presentado por el Comité Pro Autonomía Universitaria, organización de derecha vinculada al FUA, en el que se planteaba: "El supremo gobierno de la Universidad corresponde privadamente (sic) a los universitarios, maestros y alumnos, y además (debe) estar ejercido por un organismo, que como el Consejo Universitario, represente amplia y legítimamente a todos los sectores de la institución". Y se argumentaba lo siguiente : "La Universidad caería en un estado peor que el actual si un pequeño grupo de personas, movidas por la ambición, y en forma arbitraria, detentara el poder bajo un nombre cualquiera, como el de Junta de Gobierno (...) Si la Universidad, para el buen ejercicio de su misión, debe tener independencia del Estado, con mayor razón la deberá gozar en relación a los particulares(...) La autonomía verdadera....consiste en el gobierno de los universitarios por los universitarios, a través de su órgano de máxima representación, que es el Consejo Universitario" 16. Se trataba, pues, de visiones distintas acerca de la autonomía. Sin duda, la propuesta del Comité Pro Autonomía Universitaria era más avanzada. En dicha sesión, sin embargo, no se debatieron ambos proyectos, debido a que se aprobó la propuesta del consejero alumno por la escuela de Derecho, Mario Zamora Aurioles, en el sentido de que era más apropiado nombrar una comisión que se encargara de estudiarlos, elaborando un dictamen, mismo que se daría a conocer en próxima sesión para su debate, y en su caso, su aprobación. La dinámica que se siguió en las sesiones que se llevaron del 7 al 10 de septiembre de 1956 fue discutir punto por punto el dictamen presentado por la comisión mencionada, cuestión que desdibujó el debate sobre las diferencias de concepción de los proyectos presentados por la FEP y el Comité Pro Autonomía. Al final imperó la propuesta de que fuese el H. Consejo Universitario la máxima autoridad, desechándose la propuesta de la Junta de Gobierno presentada por la FEP. Sin embargo, ésta estuvo totalmente de acuerdo. Tal como lo establecía el procedimiento legal, el documento correspondiente se envió al gobernador Rafael Ávila Camacho. Éste, una vez que fue analizado por sus asesores, presentó su propio proyecto, el cual desplazó al Consejo Universitario como máxima autoridad, trasladando esta prerrogativa a un Consejo de Honor, integrado por siete personas, quienes nombrarían al rector a propuesta en terna del Consejo Universitario. El gobernador del Estado quedaba facultado para designar por única vez a los siete primeros componentes del Consejo de Honor. El Consejo Universitario aprobó la propuesta gubernamental, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de noviembre. Rafael Ávila Camacho, como es del conocimiento público, sometió el anteproyecto citado a la consideración de las "fuerzas vivas" de la entidad, en particular a los principales grupos económicos y a la jerarquía católica, quienes estuvieron totalmente de acuerdo con el mismo, dado que garantizaba el sometimiento de la Universidad. No es casual, en ese sentido, que el primer rector designado conforme a la nueva ley orgánica fuese una persona sumamente vinculada a la iglesia católica como caballero de Colón, y que la mayoría de los miembros del Consejo de Honor fuesen individuos relacionados con los principales grupos empresariales de la entidad 17.
El proyecto aprobado no satisfizo a los universitarios, dado que la autonomía otorgada era restringida y/o limitada. La FEP, a través de su líder Francisco Arellano Ocampo, señaló que no estaba conforme, pero finalmente decidió aceptar la propuesta del gobierno. El FUA, por su parte, cuestionó enérgicamente el proyecto gubernamental, temiendo que el Consejo de Honor fuese una réplica disfrazada de la Junta de Gobierno. El citado David Bravo Cid de León advertía al respecto: "...Rechazamos cualquier otra forma de gobierno, como Juntas de Gobierno en lo administrativo, técnico y académico, porque tal sistema resulta contranatural a los fines y misiones universitarias, dado que la pondría en manos de un reducido número de personas, que seguramente transformarían la Universidad en un instrumento político o mercantilista, descentralizándola (sic) de sus fines específicos, que son exclusivamente culturales y científicos". Y Agregaba: "Rechazamos categóricamente un sistema de gobierno que, por lo antes dicho, resulta contranatural para una corporación vital de maestros y alumnos" 18. En un documento publicado el 6 de noviembre, de consuno con la Confederación Nacional de Estudiantes, el FUA planteó: "La autonomía de cualquier universidad no puede expresarse por sistemas arbitrarios de gobierno, se llamen Juntas de Gobierno, o bajo otro nombre cualquiera que entrañe la misma idea, producto de intereses políticos extraños. Existe una único y auténtica doctrina autonomista, aceptada y practicada por las verdaderas universidades, nacida en el Congreso de Córdoba, Argentina, el año de 1918, que ha sido principio dinámico de grandes centros de cultura de América y Europa. Esta doctrina instituye el gobierno de los universitarios, maestros y estudiantes representados en el CONSEJO UNIVERSITARIO" 19. Finalmente, el 22 de noviembre de 1956 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto presentado por el gobernador Rafael Ávila Camacho el cual, reiteramos, concedía una autonomía restringida. Años después, en 1963, los universitarios de la UAP lograron que el gobierno aprobara un proyecto que le concedía a la institución una autonomía integral, en el que se desechó el Consejo de Honor, estableciéndose que el Consejo Universitario era la principal autoridad de la institución. En dicho proyecto confluyeron los sectores más avanzados de las fuerzas liberales y de izquierda, y los grupos más representativos de la derecha. En síntesis, pues, se torna preciso admitir que la derecha universitaria hizo notables aportaciones al proceso que condujo a la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. En estos últimos días ciertos núcleos y personalidades de esa expresión política se han dado a la tarea de sostener que la autonomía de nuestra máxima casa de estudios se logró gracias a su intervención 20. Esta postura no es sino la cara opuesta de la moneda de la tesis que sostiene que tal conquista fue principalmente un logro de los sectores liberales. En un libro que editará el Archivo Histórico Universitario en los próximos meses, abordará con toda amplitud las vicisitudes de este proceso. 7
Lara y Parra, Manuel, La Lucha Universitaria en Puebla, Cuadernos del Archivo
Histórico Universitario, No. 21, p. 14.
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