Desde el poder: Por Walter Fernando Vallejo Romero
n abril y mayo de 1976 se registró un violento episodio promovido por el gobierno federal y la complicidad del gobierno estatal con el objetivo de frenar el proceso de Reforma Universitaria en Puebla que había adquirido un nuevo impulso a partir de 1972 cuando fue electo rector Sergio Flores Suárez, miembro del Partido Comunista Mexicano (pcm). El presidente Luis Echeverría Álvarez mantenía una ambigua
relación con los grupos progresistas y los universitarios. En el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, aparentaba simpatizar con el proyecto de Universidad Democrática, Crítica y Popular pero promovía una política de repudio a las autoridades de la institución que para 1976 encabezaba Luis Rivera Terrazas, también militante del pcm. A finales de abril de 1976, un grupo equipado con armas de alto poder, tras herir gravemente a diversas personas y ocasionar la muerte de otra, se posesionó del edificio Carolino, tomó a profesores, funcionarios y estudiantes como rehenes y exigió la renuncia de Rivera Terrazas. La acción causó repudio en la sociedad poblana y en los sectores intelectuales del país que apoyaron a las autoridades de la uap. Así, el propósito de dar fin al proyecto de Universidad que impulsaban los comunistas no tuvo los resultados deseados por ambos gobiernos quienes finalmente decidieron sacar, mediante becas y garantías de impunidad, al grupo asaltante que enarbolaba principios progresistas en los cuales escudaron su acción que finalmente quedó impune. En relación con esta agresión del poder a la uap Tiempo Universitario publica una apretada crónica de aquellos acontecimientos, elaborada por Walter Fernando Vallejo Romero y dos artículos, uno de Heberto Castillo, el otro de Gastón García Cantú. Asalto al Carolino
l 10 de septiembre de 1975, rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Puebla (uap) el ingeniero Luis Rivera Terrazas, miembro del Partido Comunista Mexicano (pcm). En su discurso enfatizó que, pese a su militancia, no supeditaría la institución a los intereses de su partido ni excluiría a otros de la vida académica y política de la Universidad. Tanto la derecha poblana como el gobierno federal, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, desconfiaban de un rector que reivindicaba la Reforma Universitaria, que se proponía profundizarla y que había enarbolado en su campaña el programa Por una Universidad Democrática, Crítica y Popular. El gobernador, Alfredo Toxqui Fernández de Lara, no compartía el proyecto del rector pero era cauteloso en su trato con la Universidad pues no deseaba repetir una confrontación como la que le había costado el cargo de gobernador a Gonzalo Bautista, que tuvo que ser depuesto por Echeverría el 8 de mayo de 1973. Respecto a la relación de la rectoría con el gobierno federal, Rivera Terrazas afirmaba: “Echeverría nos empezó a hacer el amor... En esa época yo iba a Los Pinos cada quince días o cada mes, para hablar horas enteras con el señor presidente... Pero, en el fondo ¿Adónde quería llegar? A que le invitásemos a venir un día a la Universidad, para hacer aquí un gran discurso, para presentarse como un hombre de izquierda, como un gran progresista apoyado por la universidad más de izquierda, más revolucionaria del país. Pero jamás lo invitamos...” Desde finales de 1974 Echeverría había auspiciado la creación del Partido Socialista de los Trabajadores (pst) con el objetivo de restarle presencia nacional al pcm. Como en la universidad poblana los comunistas eran hegemónicos, Puebla fue de las primeras entidades en las que el pst fue fundado. Sus principales dirigentes estatales fueron Alejandro del Castillo Saavedra, Carlos Talavera Pérez, Genaro Piñeiro López y otros jóvenes que contaban con asesoría de algunos exiliados chilenos agradecidos con Echeverría por el apoyo que les había brindado a causa de la dictadura que existía en su país. Una de las primeras acciones del pst en Puebla fue la de crear el denominado Frente Estudiantil Popular (fep), como su filial universitaria. El fep-pst tenía influencia en las preparatorias Benito Juárez e incorporada Enrique Cabrera. Desde ambas se articulaban acciones para influir en la vida universitaria. En las elecciones rectorales de 1975, el fep postuló como candidato al doctor Guillermo Cabrera Candia, padre de Enrique Cabrera Barroso. Los resultados fueron apretados, quedando electo Rivera Terrazas, sumamente cuestionado por sus opositores del fep que intentaron aprovechar la renovación del consejo universitario de 1976 para obtener la hegemonía de este órgano, fallando en el intento. El golpe
nte el fracaso de los planes del gobierno federal por hacerse de la Universidad a través de las acciones políticas del fep, al mediodía del 27 de abril de 1976, este grupo, encabezado por Carlos Talavera, Genaro Piñeiro, Ángel Valerdi Cortés, Héctor Ampudia, Miguel Hernández Delgado y otros ocupó violentamente el edificio Carolino. Los asaltantes portaban armas largas y al dispararlas hirieron gravemente a algunos estudiantes y trabajadores universitarios. También fue herido en la cabeza el joven Joaquín Peralta Hernández, que vendía jícamas en las cercanías del edificio y quien moriría horas más tarde. Aunque no fue ocupado el edificio San Jerónimo, en el que hoy se ubica Psicología y entonces se encontraba Filosofía y Letras, ahí quedaron encerrados 172 universitarios, algunos de ellos miembros del pcm, ante el riesgo de que al salir fuesen balaceados desde el Carolino. Las reacciones
a provocación estaba planteada así: conociendo el carácter radical de los universitarios afiliados al pcm así como el de sus aliados, el fep contaba con que intentarían recuperar el edificio por medios violentos. De haber ocurrido así, se habría justificado que el gobierno federal adoptara medidas para excluir a comunistas y reformistas de la Universidad, lo que sería apoyado por una ciudadanía poblana que vería con buenos ojos el terminar con algunos actos delictivos que cometían provocadores a nombre de la uap. En vez de ello, el rector decidió responder por la vía política: demandó del gobierno estatal la intervención de la fuerza pública para desalojar a los asaltantes, señalando que la Universidad no consideraría esto como violación a su autonomía. Ante más de cinco mil personas congregadas el mismo día de la agresión en un mitin realizado en Medicina, Terrazas expresó: “Nosotros no vamos a rescatar el Carolino por la fuerza. Esta es una acción del gobierno y será él quien tendrá que sacar de ahí a esos bribones y entregar el edificio a sus legítimos dueños. ¡Nadie se acerque al Carolino!”. Los asaltantes señalaron que desconocían al rector “por sostener una posición seudo comunista” y por “la represión a grupos de corrientes ideológicas diferentes a la del pcm”. Le acusaron de “traer incondicionales de otras universidades para colocarlos en departamentos clave” y caracterizaron su movimiento como una denuncia de la corrupción administrativa que, según ellos, se encontraba propiciada desde la rectoría. Exigieron una auditoria interna y externa y dialogar con las autoridades gubernamentales. Por su parte, el procurador del Estado, Jorge Luis Rosales Peimbert, se limitó a acordonar el edificio con las policías Judicial y de Tránsito. Acontecimientos posteriores
as autoridades universitarias promovieron todos los apoyos posibles y movilizaron a la comunidad universitaria en defensa de la institución y de la autonomía. El 28 de abril, los medios de comunicación estatales y nacionales publicaron crónicas de los acontecimientos y artículos editoriales, la mayoría condenando la agresión. También algunos desplegados de apoyo a la rectoría y otro firmado por destacados por intelectuales y personalidades políticas. El secretario general del pst en Puebla, Alejandro del Castillo, manifestó que su partido “no tuvo intervención, ni física ni intelectual, en los hechos” y negó que tuviese relación directa con los asaltantes. Sin embargo, se hizo eco de las demandas de los agresores. El consejo universitario se declaró en sesión permanente y adoptó medidas tendientes a aislar políticamente a los asaltantes, entre ellas, convocar a una gran movilización para el 1° de mayo. A partir de estos hechos, la confrontación quedó planteada en términos políticos y no en términos violentos, tal cual pretendían los asaltantes. Fueron dos las manifestaciones realizadas en apoyo a las autoridades legítimas de la Universidad. La primera el 28 de abril con más de siete mil personas y una comisión se entrevistó con el gobernador Toxqui quien no podía decir que la culpa no era suya sino del presidente de la república. La otra, el 1° de mayo con más de 20 mil personas de universitarios y organizaciones afines a la uap invadió el desfile del Día del Trabajo. Al pasar frente a la tribuna los integrantes gritaron: “¡Sinvergüenzas! ¡Arriba Terrazas! ¡Devuélvanos la Universidad!”. Esto fue una muestra de apoyo popular a la Universidad y terminó de aislar a los ocupantes del Carolino. El desalojo
espués de múltiples negociaciones y de que algunos rehenes fueron liberados de manera paulatina, a las 3:00 de la madrugada del 4 de mayo, los miembros del fep, portando sus armas y bajo protección policíaca, desalojaron el Carolino. En el interior permanecieron los universitarios que aún no habían sido liberados, mismos que posteriormente quedaron en libertad. Carlos Talavera, del fep, informó que el desalojo se convino durante uno de los diálogos sostenidos con las autoridades locales y federales y que éstas aceptaron otorgar las garantías que los asaltantes habían demandado, además del compromiso de realizar una auditoria a la Universidad y “porque deseábamos que el problema se arreglara antes de la visita del presidente Echeverría al Estado”. El consejo universitario exigió castigo para los responsables; que se aplicase el artículo 33 constitucional a los chilenos Nelson Julio Sarabia y Rodrigo Quijada, asesores del fep-pst; también preparar una denuncia formal por asalto, robo, secuestro y daños materiales; exigir la devolución del edificio y realizar una manifestación para el 7 de mayo. Este mismo día, el ingeniero Luis Rivera Terrazas fue citado por Echeverría. Más adelante, narraría: “Allí (el presidente) me llenó de elogios diciendo que la Universidad había sido rescatada gracias a mi carisma, a mi gran popularidad, etc., etc. Era su conciencia sucia la que hablaba. Él sabía muy bien lo que había pasado y yo también me hice el tonto, el que nada sabía. Nos despedimos y nunca más lo volví a ver”. El 6 de mayo, el Carolino fue devuelto a las autoridades universitarias. El día 7 se realizó una multitudinaria manifestación de más de 10 mil universitarios y simpatizantes para exigir castigo a los responsables de la toma. Durante el mitin, el rector expresó que “La Universidad Autónoma de Puebla está abierta a todas las corrientes del pensamiento político, menos el fascismo”. Ese mismo día, la Universidad retornó a la normalidad. El 21 de mayo, el consejo universitario expulsó de la institución a 22 de los asaltantes del Carolino; suspendió de sus derechos universitarios a otros 23 y amonestó a ocho, en función de su grado de responsabilidad en los acontecimientos. Fue así como fracasó el último intento violento por frenar el proceso en favor de una Universidad democrática, crítica y popular, proyecto que prevaleció hasta el inicio de la década de los noventa. A partir de ahí, el gobierno fue más cuidadoso en su trato con la Universidad. El pst se dividió posteriormente. Algunos de sus miembros ingresaron al pri y otros se incorporaron al Partido Socialista Unificado de México (psum). Pese a que la personalidad de los asaltantes del Carolino nunca fue un secreto, ninguna persona fue consignada ni sancionada por estos hechos y la muerte del jicamero quedó en la misma impunidad que los múltiples asesinatos cometidos contra los universitarios reformistas. Datos hemerográficos: Periódicos El Sol de Puebla; La Opinión,
Diario de la mañana; La Opinión de Puebla, El Heraldo de México
en Puebla; Novedades de Puebla y Excelsior, meses de abril y mayo de 1976.
Premonición del cambio Por Heberto Castillo *
l rector Guillermo Soberón denunció ante la procuraduría la escalada de violencia contra la unam pues los asaltos, las balaceras y el tráfico de marihuana son frecuentes en la Ciudad Universitaria y en las preparatorias y colegios. No hubo respuesta de la autoridad y se sabe que los “porros” detenidos por denuncias concretas son puestos en libertad subrepticiamente. Las universidades de Sonora, Chihuahua y Guerrero son víctimas también de la violencia porque los estudiantes se ligan a las luchas populares. En Puebla, un grupo de “porros” toma la universidad a sangre y fuego, secuestra a 17 universitarios para exigir auditoria y la renuncia del rector Rivera Terrazas. Hay doce heridos de bala y un muerto. El rector señala a los asaltantes como miembros del Frente Estudiantil Popular y del Partido Socialista de los Trabajadores. Estos, por su parte, lo acusan de ser un comunista confeso. En Nuevo León, se sabe, la universidad cayó en manos de la derecha después de haber dado importantes luchas progresistas en 1971. En Sinaloa los “enfermos” casi destruyeron la universidad con su ultra izquierdismo y ahora sinaloenses concientes luchan por enderezar el timón. En Chapingo hay amagos de violencia y denuncias de maestros que se dicen expulsados por mayorías “inconscientes”; en tanto, estas mayorías los califican a su vez de irresponsables y oportunistas. Hay intranquilidad en las universidades que dependen económicamente del gobierno y se sabe que su nivel académico ha bajado mucho. Y aunque todo se quiera explicar en función del crecimiento explosivo de la población estudiantil, hay otros factores que contribuyen al deterioro universitario. Entre éstos, las pugnas internas, el sectarismo de algunos grupos, la intromisión de “porros” y provocadores y las frecuentes interrupciones de clases, sea por huelgas, paros o por cambios en los planes de estudio. Se sabe, por ejemplo, que en la unam se cursan semestres de sólo dos meses. (!) Desde la iniciativa privada se dice que las universidades que dependen del Estado y que gozan de autonomía o que luchan por tenerla, tienen un bajísimo nivel académico; que los egresados de ellas son incapaces de efectuar los trabajos para los que son requeridos; en esas universidades sostenidas por el pueblo, en vez de estudiar se va a hacer política; que a menudo los estudiantes y maestros confunden sus universidades con partidos políticos; y que ellas son centros de corrupción pues impera el pandillerismo y el tráfico de drogas. Por eso los miembros de la iniciativa privada, los ricos, para preparar a sus hijos, para formar a los técnicos capaces de dirigir sus negocios, crean universidades privadas sin escatimar gastos, o envían a sus hijos a estudiar en el extranjero. Las universidades que dependen económicamente del Estado se convierten así, casi exclusivamente, en centros de estudio para la clase media que se sabe, no es muy adicta al gobierno. La toma de la Universidad Autónoma de Puebla por “porros” dizque de izquierda, pero anticomunistas, es una muestra de lo avanzado que está la descomposición de la lucha dentro de las universidades. Organismos que se dicen “inspirados en el marxismo-leninismo” pero ansiosos de coligarse con el “sector revolucionario” del pri, como el pst, declaran en conferencia de prensa que “el Partido Comunista Mexicano es el principal fomentador del pistolerismo y la corrupción en la uap” y que deben eliminarse “los grupos de choque al servicio de la rectoría para evitar que su existencia justifique vías violentas para la solución de los problemas universitarios” (Excelsior, 4 v 76, subrayado mío). Mientras esto declaraba el pst, los “porros” invasores abandonaban el edificio de la uap y a sus rehenes sin que la policía que rodeaba la Universidad pudiera aprehender a nadie. El pst se cuidó de no condenar a sus correligionarios del fep por la violencia que ejercieron y su dirigente estatal y miembro del fep, Alejandro del Castillo —señalado como uno de los asaltantes— negó su participación en los hechos pero reclamó el cumplimiento de los puntos que reclamaron los asaltantes del edificio universitario. Tanto los “porros” del fep-pst, como la derecha poblana impugnan que el rector Rivera Terrazas sea comunista, exigen su renuncia y una auditoria para comprobar, como lo afirman, que se utilizan fondos de la uap para el pcm. Los dirigentes del pst lo plantean supuestamente desde la izquierda mientras apoyan al candidato del pri a la Presidencia de la República. Por esa coincidencia no se les ocurre quizá pedir también una investigación para conocer el origen de los fondos que usa el pri para sufragar la tan costosa como inútil campaña electoral.
No puede aceptarse, bajo ninguna circunstancia, que se niegue el derecho de un mexicano a ocupar la rectoría de alguna universidad sólo por tener una militancia política distinta a la gubernamental. Los universitarios pueden y deben escoger a sus dirigentes atendiendo a sus méritos académicos y profesionales pero respetando su militancia política. No es posible olvidar que una universidad debe ser un centro de estudios, de investigación, de análisis, de cuestionamiento, para conocer y transformar la realidad, por lo que todas las disciplinas, todas las teorías y todas las hipótesis científicas deberán ser consideradas. También debe rechazarse que, por el otro lado, se elija a un rector sólo porque sea un buen priísta, o buen panista o mejor comunista, y que se opte por un maestro entre otros candidatos sólo porque aquél tenga mayor antigüedad en la militancia revolucionaria o identificación por la causa de tal o cual partido. Ya en México se da el caso de que la mejor razón para ocupar cualquier puesto en la administración pública es ser miembro del pri. Un priísta es bueno para dirigir pemex o la Secretaría de Relaciones Exteriores; Altos Hornos o Educación Pública, el Centro Electrónico de Cálculo o la conasupo o Salubridad o el Fondo de Cultura Económica. Pero no sólo pasa en el pri. Algunos grupos de izquierda también proceden de manera semejante. Después del 68 y quizá como rechazo a la tesis sostenida por Díaz Ordaz de que los estudiantes deberían dedicarse a estudiar y no a hacer política, ahora algunos proclaman que los estudiantes deben hacer política y no estudiar. Por eso quien les recomienda estudiar es reaccionario y quien exige a los maestros preparación académica es, al menos, sospechoso de ser un tecnócrata vil. En vez de preparación adecuada en la materia que se va a impartir, sea esta física, biología, química o matemáticas, hay que ser marxista. Y como para ser marxista, según muchos jóvenes y algunos maestros, sólo hace falta declararse tal —nadie lo va a comprobar—, resulta más fácil serlo que estudiar alguna materia en especial. Ya en Nuevo León se dieron estas circunstancias y todos sabemos en qué pararon las cosas. Ahora se dan en la propia unam. ¡Cuidado! La violencia antiuniversitaria es un síntoma de la descomposición de nuestra universidad. Como síntomas son los asaltos, el terrorismo, los secuestros; como lo son las aprehensiones arbitrarias, las torturas que practican la policía y las múltiples violaciones a la ley que cometen autoridades; como lo son las invasiones de tierra y los enfrentamientos entre campesinos y latifundistas. A la descomposición de la sociedad seguirá el cambio revolucionario si la clase emergente, los trabajadores, se capacitan y se organizan; y ayudarán a que llegue el cambio los universitarios si comprenden que bajo cualquier sistema social de producción en que vivamos hace falta conocer científicamente el mundo en que vivimos; si entienden que se conoce mejor la realidad cuando el conocimiento científico se amplía y se profundiza. Creer que sólo el estudio de Marx reemplaza, suple, el estudio de la física, la matemática y la biología, por ejemplo, es no entender nada de nada, es, en cierta medida, creer que basta poseer el instrumento de lucha para ganar la batalla que se libra, olvidando que ese instrumento hay que usarlo. No luchar porque las universidades sean centros de estudio además de centros de cuestionamiento, es lo mismo que no luchar porque los centros de estudio sean también centros de cuestionamiento. Y esto, valga la aclaración, en cualquier país, en cualquier sistema.
La crisis nacional puede ser superada para progresar, pero también puede conducirnos a la represión brutal. Que una u otra cosa ocurra depende de hasta cierto punto de los universitarios. Para avanzar es necesario entender que quienes van a lograr el cambio no están en las universidades, ni van a poder ir a ellas masivamente mientras no cambie el sistema; que los únicos que pueden lograr el cambio son los trabajadores, los que salvarán en verdad la universidades y su universalidad cuando hagan la revolución. No son por cierto —hay que decirlo— las universidades ni los universitarios quienes liberarán a los trabajadores. Así, como la crisis en el campo y en las industrias, anuncia el necesario fin, más temprano que tarde, del sistema actual de producción, la crisis universitaria parece anunciar el fin de los centros de estudio e investigación que surgieron hace siglos, para dar paso a otros centros de estudio e investigación más acordes con nuestra época. Centros donde todo se estudiará, todo se analizará y todo se cuestionará. * Heberto Castillo Martínez. Ingeniero Civil por la unam. Inventor del sistema llamado Tridilosa aplicado a la construcción, articulista de Siempre!, Excelsior, Proceso y La Jornada. Entre sus libros se cuenta Anales del diseño estructural, Nueva teoría de las estructuras y sobre su quehacer político Por qué un nuevo partido, Breve Historia de la Revolución Mexicana y Te agarran te van a matar, sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Excelsior del 30 de abril de 1976. La hora de los halcones Gastón García Cantú**
a agresión criminal contra estudiantes de la facultad de Derecho, hace días, fueron una señal de la acción de las llamadas “porras” contra las universidades mexicanas. En la de Puebla se da, plenamente, esa conducta al parecer concertada: atemorizar, herir y matar estudiantes y profesores, con un agravante conocido en nuestras casas de estudio: el auxilio de las autoridades judiciales. No se trata de una criminalidad espontánea sino de una criminalidad organizada, Las “porras” no son, a partir de 1968, grupos de infelices delincuentes: ladrones y asaltantes, sino medio de una política de amedrantamiento. Las “porras” constituyen fuerzas irregulares contra la organización estudiantil y magisterial: No quiere decirse que toda la actividad de esos delincuentes sea política, porque la condición tácita de su reclutamiento supone, por los antecedentes mismos de cada uno de sus miembros, la libertad personal para cometer más fechorías —es la causa por la que se confunde al “porrista” con el inadaptado social— sino que la principal es una labor concreta: impedir que en las universidades surja una acción crítica organizada. El “porrista” es hoy agente represivo. Al denunciar el rector de la Universidad de México, doctor Soberón, una “escalada de violencia”, ha referido un hecho, la creciente combatividad de esos delincuentes en los recintos escolares y una circunstancia conocida: la pasividad de las autoridades judiciales. Se trata, en verdad, de una respuesta reiterada: soslayar el deber a través de la meticulosidad; averiguar a plazos para no sancionar y aplicar a medias la ley para proteger al que la viola.
Los universitarios han procedido, en Oaxaca, Guerrero, Puebla y México conforme a la legislación vigente. Las denuncias presentadas en las procuradurías estatales, la General del Distrito o de la República, más que un solo expediente constituye un acta de la ineficiencia del poder judicial. Un ejemplo: compárese el número de las denuncias contra las órdenes de aprehensión y, éstas, con las sentencias y aún más: las penas cumplidas con la asombrosa libertad de los delincuentes. Son más de mil las actas levantadas por la Universidad de México de 1965 a 1976. La historia se repite como una maldición: en 1967, en la Escuela Preparatoria “José Vasconcelos” —La número 5 de la unam— hubo una campaña estudiantil y una denuncia pormenorizada de actos delictivos; se dieron a las autoridades judiciales nombres, pruebas, fechas, constancias diversas, pruebas irrefutables de atracos, lesiones y actos inarrables; nada, absolutamente nada, se hizo contra los culpables. Éstos, como otros muchos, aparecieron en 1969 armados y con mayor agresividad; iniciaron el saqueo de los bienes universitarios, el asalto a oficinas y direcciones y cometieron, en la preparatoria y en Derecho, asesinatos infames. La historia de la universidad contemporánea de México es, también, una reseña de agresiones, de actos de brutalidad, de fechorías, despojos y crímenes que han tenido, como últimos fines, impedir el estudio, provocar el desorden, fomentar el rencor pasivo y despertar, como única respuesta, la violencia aplazada. Se ha logrado imbuir de temor a los jóvenes estudiantes. ¿Por qué ocurren ahora hechos como los de Puebla, México,
Oaxaca y Guerrero? Bien se sabe que esta situación se refleja en las clases medias universitarias y que su respuesta, como debía serlo, es crítica: cuestionamiento del sistema, de las soluciones anunciadas al no atender la raíz del problema; de apoyo a los desvalidos de las ciudades y el campo. En la medida que la crisis sea más aguda, la respuesta de los universitarios será más resuelta. La concentración que tuvo lugar el 19 de marzo en torno al Monumento a la Revolución —la de entonces, no la de ahora— demostró la voluntad política de las nuevas generaciones y, a la vez, el uso oficial que será la ruina del actual sistema: sostenerse en los dirigentes obreros más corrompidos de la historia del sindicalismo mexicano. Si ante la protesta juvenil —obrera y de estudiantes— sólo se echa mano de un triste desfile obligatorio en la Plaza de la Constitución, cabe suponer que frente a la crisis y la conciencia que de ella tienen los jóvenes obreros, los jóvenes universitarios, se les oponga —oficial o privada— la fuerza armada de los “porros”. Otra vez lo ideado en 1969. ¿Por qué nada de lo que ocurre en las universidades autónomas ocurre en las privadas? Por una causa: éstas son objeto de una celosa protección. Mientras las públicas sufren la criminalidad organizada, en las privadas se forman los futuros servidores públicos, los técnicos, los profesionales. Ésta es precisamente la victoria subrepticia: la privatización de los poderes públicos. ¿Qué desea el Estado de las universidades de la nación? Al parecer, la rendición espiritual de los estudiantes y los profesores. Ni crítica intelectual ni conducta política. Una de dos cosas: o el gobierno está decidido a romper el orden universitario, forjado en decenios de luchas estudiantiles, o existe un plan fuera de su dominio o el Poder Judicial se ha vuelto, contra las universidades, un medio de subversión, porque no es posible aceptar que los grupos criminales sean absolutamente superiores a las mil y una policías, más resueltos que los cuerpos del ejército —contra menos voluntarios se lanzaron en la serranía de Guerrero varias divisiones para combatirlos— y más eficientes que todos los agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados. No es posible admitir que el delincuente, contra el que obra una orden de aprehensión, salga del país con pasaporte y retorne al iniciarse la mayor agresión a las universidades: la de los comandos armados con rifles M-1. Los universitarios de Puebla han acudido, una vez más, a las autoridades del Estado, la respuesta del gobernador Alfredo Toxqui es inefable: ¡No actuar por respeto a la autonomía!
¿De manera que la autonomía pueden ejercerla los delincuentes que se apoderan de los recintos escolares a mano armada; de manera que los delitos de orden común tienen, por el hecho de cometerse en una universidad, excepción jurídica; de manera que la policía sólo puede rodear el edificio universitario y contemplar como se destruyen laboratorios, archivos y muebles; de manera que la autonomía para las autoridades —como en 1972 en la Nacional de México, al ocuparse la rectoría por una banda de “porros”— sí es extraterritorialidad; de manera que la autonomía es conforme la respuesta del gobernador, sitio sagrado de nuestro régimen de derecho? La Universidad de Puebla, desde 1961, es objeto de una criminal acción
hasta hoy impune, “Canoa” no es un episodio sino una prueba histórica:
el autor moral de los linchamientos no fue, siquiera, sometido a proceso. Nadie, en singular, nadie, en plural; sencillamente nadie. Se trató de universitarios, de comunistas, y contra unos y otros, todo está, al parecer, permitido. Nada en contra suya, está prohibido. Es un acto de guerra sagrada. Luis Rivera Terrazas es comunista, luego la Universidad, se dice, al dirigirla un comunista es una institución subversiva. Sí, Rivera Terrazas es miembro del Partido Comunista Mexicano. Lo dijo en la Plaza de Armas de esa ciudad en 1952, al celebrarse un acto político a favor de la campaña de Lombardo Toledano y lo ha repetido en 1976. Es un comunista, “convicto y confeso”, como diría el mismo Mariátegui, pero de esa insólita declaración pública se obtienen dos conclusiones: admitir la filiación política en el partido de los perseguidos es, a más de un acto moral inapreciable, rechazar el criterio de quienes lo juzgan ilícito y, otra: nadie podría demostrar que Rivera Terrazas, rector de la Universidad Autónoma de Puebla, haya convertido esta casa de estudios en agencia de su partido. Él ha procedido de acuerdo con la legislación universitaria, combatido los actos delictivos de algunos jóvenes, denunciando a los autores de las provocaciones y procurando —Los medios académicos de que dispone una universidad asediada son extremadamente adversos— el orden escolar. Precisamente al vencerse la retórica ultra izquierdista y recobrarse el terror armado, la confusión y las formas de venalidad, es decir, de volver a ser una casa de estudios, se le allana para humillarla e impedir su misión. La violencia desatada, además, confirma un hecho: que no pudieron quebrar a sus dirigentes ni doblegarlos. El recurso final es la ocupación armada. La Universidad de Puebla, ha sido la víctima mayor de las universidades mexicanas. La impunidad delictiva, la simulación revolucionaria, la provocación política y la corrupción para debilitarla y vencerla, han sido sucesivamente empleadas, de todas las cuales ha surgido más unida y resuelta, ante el futuro. La serenidad de sus estudiantes y profesores es resultado de quince años de lucha. A esos universitarios, al asistirles plenamente la razón, les corresponde el derecho; falta saber si el Gobierno del Estado se pondrá fuera de la ley al proteger, directa o indirectamente, a quienes la han allanado y cometido innumerables delitos en un solo acto: tratar suprimirla como institución autónoma. Excelsior, 6 de mayo de 1976. ** Gastón García Cantú. Egresado del Colegio del Estado y defensor de la Universidad Autónoma de Puebla, autor de investigaciones imprescindibles para la historia de México, el 20 de septiembre de 1994 recibió el doctorado honoris causa que le otorgara nuestra institución. Publicó, entre otros trabajos, El pensamiento de la reacción mexicana, historia documental (1810-1962); Las invasiones norteamericanas en México; Los falsos rumores, El desafío de la derecha; El socialismo en México en el siglo xix.
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